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La paulatina implantación de las nuevas tecnologías de la información
y su casi consolidación con la promulgación de la LPAC en las relaciones
administrativas, trajo consigo importantes novedades en el ámbito de la Administración
electrónica y, en particular, en el procedimiento administrativo electrónico.
De la llamada «Administración en papel» hemos pasado a la «Administración digital
». Una de las consecuencias fue la implantación del régimen general de relación
electrónica entre personas jurídicas y Administración, lo que desde el primer
momento no estuvo exento de debate. Transcurrido más de un lustro, su efectiva
implantación pone en el candelero cuestiones de gran transcendencia, a la luz
de la propia casuística que en su aplicación tiene lugar. En este contexto, el trabajo
aborda una cuestión clave en el seno del procedimiento en aras a su eficacia,
como lo es la validez de las notificaciones efectuadas a personas jurídicas, pero
singularizado en un hecho concreto: cuando las mismas, en lugar de tener lugar
de manera electrónica, conforme a la regla general, se realizan en papel, así como
sus consecuencias jurídicas y los muy recientes pronunciamientos judiciales sobre
el particular.
Informazioaren teknologia berriak arian-arian ezartzeak eta horiek
APEL administrazio-harremanetan aldarrikatzearekin ia bateratu izanak berrikuntza
garrantzitsuak ekarri zituen administrazio elektronikoaren eremuan, eta, bereziki,
administrazio-prozedura elektronikoan. «Paperezko administrazioa» izenekotik «administrazio
digitala» izenekora igaro gara. Ondorioetako bat pertsona juridikoen eta
administrazioaren arteko harreman elektronikoaren araubide orokorra ezartzea izan
zen, eta hori hasiera-hasieratik ez zen eztabaidatik salbuetsita egon. Bost urte baino
gehiago igaro ondoren, haren ezarpena eraginkorra izan dela-eta, garrantzi handiko
gaiak daude puri-purian, hura aplikatzean gertatzen den kasuistikaren beraren argitan.
Testuinguru horretan, lanak funtsezko gai bat jorratzen du prozeduraren barruan,
eraginkorra izan dadin, hala nola pertsona juridikoei egindako jakinarazpenen baliozkotasuna,
baina gertaera zehatz bat nabarmentzen da: jakinarazpenak, elektronikoki
egin beharrean, arau orokorraren arabera, paperean egitea, bai eta horien ondorio
juridikoak eta gaiari buruzko azken epai judizialak ere.
The gradual implementation of new information technologies
and its almost consolidation with the promulgation of the LPAC in administrative
relations, brought with it important innovations in the field of electronic
Administration and, in particular, in the electronic administrative procedure.
From the so-called ¿Paper Administration¿ we have moved on to the ¿Digital
Administration¿. One of the consequences was the implementation of the general
system of electronic relations between legal entities and the Administration,
which from the outset was not exempt from debate. After more than five years,
its effective implementation brings to the fore issues of great importance, in light
of the very casuistry that takes place in its application. In this context, the work
addresses a key issue within the procedure for the sake of its effectiveness, such
as the validity of the notifications made to legal persons, but singled out in a
specific fact: when they, instead of taking place electronically, in accordance with
the general rule, they are carried out on paper, as well as their legal consequences
and the very recent judicial pronouncements on the subject.

El trabajo aborda la nulidad en el planeamiento territorial. Frente al nutrido debate en torno a la nulidad en el planeamiento urbanístico, poco se ha señalado sobre un fenómeno que, desde hace años, también viene teniendo nefastas consecuencias: la nulidad de los planes territoriales. Si bien el punto de partida comparte el nexo común con el planeamiento urbanístico de su consideración como disposición de carácter general, al igual que las consecuencias jurídicas previstas frente a cualquier vulneración, de fondo o forma, por nuestro ordenamiento jurídico: la declaración de nulidad de pleno derecho, la propia naturaleza y las particularidades de estos instrumentos bien hacen necesario analizar y valorar este fenómeno singularizado en los instrumentos de planificación territorial. Un buen número de planes territoriales han sido declarados nulos por nuestros Tribunales, Andalucía no ha sido ajena a ello, como tampoco otras comunidades autónomas, y se mantiene una doctrina jurisprudencial que, por el momento, hace indicar su continuidad y con ella, las nefastas consecuencias que de la misma se derivan.

This paper examines the role of citizen participation in the Public Administration, particularly its potential capacity as a control mechanism for administrative exercise of regulatory powers. At first, citizenry was practically ignored until it gradually acquired a fundamental role, intervening in the configuration of the regulation through notice and comment rulemaking procedures. This progress is based on national constitutional and legal provisions and expresses the European Union's firm commitment to governance, citizen participation, transparency and good government. However, there is still a long way to go to achieve an effective and real participation of citizens in the process of establishing regulatory standards. ; En el presente trabajo se examina el papel de la participación ciudadana en la Administración pública particularizado en su potencial capacidad como mecanismo de control de la actividad administrativa, en concreto en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Paulatinamente se ha pasado de, prácticamente, obviar a la ciudadanía, a que la misma tenga un papel fundamental, interviniendo en la configuración de las normas reglamentarias en un momento anterior a su propia elaboración, a través de las "consultas ciudadanas". Este avance tiene su fundamento tanto en las propias previsiones constitucionales desarrolladas legislativamente, como en el papel que ha desempeñado la Unión Europea en su firme apuesta por la gobernanza y con ella la participación ciudadana, la transparencia o el buen gobierno. No obstante, aún queda camino por recorrer para lograr una efectiva y real participación de la ciudadanía en la elaboración de normas reglamentarias.

Climate change and environmental degradation are unfortunately a global threat. Europe, in a firm resolve to overcome the challenges it poses, advocates a new growth strategy capable of transforming it into a modern, resource-efficient and competitive economy, with a threefold objective: to stop producing net greenhouse gas emissions by 2050; economic growth decoupled from resource use; that no person or place is left behind. The achievement of a sustainable economy in the European Union takes, in principle, as a roadmap the European Green Deal, but tries to go further in its aim to be climate neutral in 2050 for which it has proposed a European Climate Law that turns the current political commitment into a legal obligation. ; El cambio climático y la degradación del medio ambiente constituyen, desafortunadamente, una amenaza a nivel mundial. Europa, en un firme propósito por superar los retos que supone, aboga por una nueva estrategia de crecimiento capaz de transformarla en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con un triple objetivo de partida: dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; un crecimiento económico disociado del uso de recursos; que ninguna persona ni lugar se queden atrás. El logro de una economía sostenible en la Unión Europea toma, en principio, como hoja de ruta el Pacto Verde Europeo, pero trata de ir más allá en su propósito de ser climáticamente neutra en 2050, para lo que se ha propuesto una Ley Europea del Clima que convierta el actual compromiso político en una obligación legal.

El avance de las políticas urbanas en el marco del derecho a la ciudad y la paulatina inclusión del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, lleva a que cada vez estén más presentes aspectos como la perspectiva de género, la sostenibilidad, la cohesión social o la participación, en suma, la búsqueda de ciudades más inclusivas, más humanas y más habitables. En no demasiado tiempo, se ha pasado de tratar de garantizar el cumplimiento de determinados aspectos en el planeamiento a través de los correspondientes informes, trámite formal desde el punto de vista procedimental, a la inclusión de criterios en los nuevos modelos de desarrollo territorial y urbano con la incorporación de medidas concretas dirigidas a su efectividad. El trabajo se centra por un lado en analizar cuándo es exigible el informe de impacto de género a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y por otro la novedad que supone el expreso reconocimiento en sede jurisdiccional del derecho a la ciudad y el principio de igualdad de trato, inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano y territorial sostenible, así como su paulatina inclusión en los marcos legislativos autonómicos.

The advance of urban policies within the framework of the right to the city and the gradual inclusion of the principle of territorial and sustainable urban development means that aspects such as the gender perspective, sustainability, social cohesion or participation are increasingly present, in short, the search for more inclusive, more humane and more livable cities. In not too much time, it has gone from trying to guarantee the fulfillment of certain aspects in the planning through the corresponding reports, formal procedure from the procedural point of view, to the inclusion of criteria in the new models of territorial and urban development with the incorporation of concrete measures aimed at their effectiveness. The work focuses, on the one hand, on analyzing when the gender impact report is required in the light of the recent jurisprudence of the Supreme Court and, on the other hand, on the novelty of the express recognition in jurisdictional headquarters of the right to the city and the principle of equal treatment, inspiring the new conception of sustainable urban and territorial development, as well as its gradual inclusion in the autonomous legislative frameworks. ; El avance de las políticas urbanas en el marco del derecho a la ciudad y la paulatina inclusión del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, lleva a que cada vez estén más presentes aspectos como la perspectiva de género, la sostenibilidad, la cohesión social o la participación, en suma, la búsqueda de ciudades más inclusivas, más humanas y más habitables. En no demasiado tiempo, se ha pasado de tratar de garantizar el cumplimiento de determinados aspectos en el planeamiento a través de los correspondientes informes, trámite formal desde el punto de vista procedimental, a la inclusión de criterios en los nuevos modelos de desarrollo territorial y urbano con la incorporación de medidas concretas dirigidas a su efectividad. El trabajo se centra por un lado en analizar cuándo es exigible el informe de impacto de género a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y por otro la novedad que supone el expreso reconocimiento en sede jurisdiccional del derecho a la ciudad y el principio de igualdad de trato, inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano y territorial sostenible, así como su paulatina inclusión en los marcos legislativos autonómicos.

Las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulan el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, tras dos años de vigencia y, nuevamente, los motivos de tales resoluciones judiciales, no desconocidos para esta Comunidad Autónoma que ya en 2015 se enfrentaba a la nulidad de otro de sus instrumentos de planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga, hacen necesaria una nueva reflexión sobre la importancia que la tramitación y el estricto cumplimiento de las cuestiones formales en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial tienen en la práctica jurídica.

The recent Judgments of the Superior Court of Justice of Andalucia that not strangers annul the Protection Coast Andalucia Plan, after two years of validity and, again, the motives of such legal rulings, for this Autonomous region that in 2015 was already facing the nullity of other of its instruments of territorial planning, the Plan of Town and country planning of the Western Costa del Sol of Malaga, make a new reflection necessary on the importance that the procedure and the strict fulfillment of the formal questions in the approval of the instruments of territorial planning have in practice juridical. ; Las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulan el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, tras dos años de vigencia y, nuevamente, los motivos de tales resoluciones judiciales, no desconocidos para esta Comunidad Autónoma que ya en 2015 se enfrentaba a la nulidad de otro de sus instrumentos de planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga, hacen necesaria una nueva reflexión sobre la importancia que la tramitación y el estricto cumplimiento de las cuestiones formales en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial tienen en la práctica jurídica.